Consorcio: cómo asociarse para participar en licitaciones grandes sin arriesgar de más

Dos empresas medianas, cada una fuerte en un área distinta, quieren competir juntas por una licitación que ninguna podría ganar sola. La ley se los permite mediante la figura del consorcio, y el documento que sostiene esa alianza —el acuerdo consorcial— es sorprendentemente sencillo de formalizar. Pero esa simplicidad no significa informalidad total: el Reglamento a la Ley General de Contratación Pública (RLGCP) exige un contenido mínimo, y la Contraloría General de la República (CGR) ha excluido ofertas por no cubrirlo.

Este artículo explica, con jurisprudencia verificada de la CGR, qué debe contener un acuerdo consorcial válido y hasta dónde llega —y hasta dónde no llega— la responsabilidad solidaria entre los miembros.

Marco normativo aplicable

El artículo 48 de la LGCP habilita la participación en consorcio y el artículo 125 del RLGCP la desarrolla como una de las formas de participación admitidas. El artículo 129 del RLGCP define el acuerdo consorcial con un estándar deliberadamente flexible en cuanto a la forma, pero preciso en cuanto al contenido.

Qué dice la Contraloría General de la República

Resolución R-DCP-SICOP-00327-2024

Contexto: En una licitación de la Municipalidad de Mora para la operación de un Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI), la Administración declaró inelegible la oferta de un consorcio porque, a su juicio, el acuerdo consorcial no facultaba al representante para actuar durante la fase de estudio de ofertas ni durante la ejecución contractual, como exige el inciso b) del artículo 129 del RLGCP. El consorcio apeló.

Contenido mínimo, según el texto reglamentario transcrito en la resolución: