Participación ciudadana en contratación pública: más allá de ser proveedor

Cuando se habla de contratación pública, casi siempre se piensa en dos actores: la Administración que compra y las empresas que ofertan. Pero la Ley General de Contratación Pública (LGCP) diseñó el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) con un tercer destinatario en mente: la ciudadanía en general, que no participa como oferente pero tiene interés legítimo en saber cómo se gasta el dinero público.

La Contraloría General de la República (CGR) lo ha reiterado en distintas resoluciones al explicar el propósito del modelo digital de compras: no se trata solo de una plataforma transaccional entre Administración y proveedores, sino de una herramienta pensada también para el control ciudadano y la rendición de cuentas. Este artículo repasa esa jurisprudencia y qué significa en la práctica.