El rol de la CGR va más allá de resolver recursos: fiscalización superior y anulación de oficio

Cuando se piensa en la Contraloría General de la República (CGR) en materia de contratación pública, lo primero que viene a la mente son los recursos de objeción y apelación: una empresa presenta un reclamo, la CGR lo resuelve. Pero ese es solo uno de los frentes en los que actúa el órgano contralor. Su papel constitucional de fiscalización superior de la Hacienda Pública le da facultades que van más allá de esperar a que alguien reclame — incluida la de anular actos de adjudicación por iniciativa propia, sin que ninguna parte lo haya pedido.

Entender esta dimensión del rol de la CGR importa tanto para adjudicatarios como para oferentes descartados: un acto de adjudicación firme no siempre es definitivo si la propia Contraloría detecta, en ejercicio de su fiscalización, un vicio de nulidad absoluta. Este artículo repasa, con jurisprudencia real, tres facetas menos conocidas de esa competencia: la anulación de oficio, el refrendo de contratos, y el hecho de que las propias resoluciones de la CGR también están sujetas a control judicial.

Marco normativo aplicable

La facultad de anulación de oficio no nace de la Ley General de Contratación Pública, sino de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (LOCGR), Ley N.° 7428 — el cuerpo normativo que define, en general, las competencias del órgano contralor:

En síntesis, la CGR señaló en la Resolución R-DCP-SICOP-00796-2026 que este órgano contralor en virtud de sus facultades y competencias de fiscalización superior de la Hacienda Pública, y con fundamento en el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (LOCGR) y 247 del RLGCP, [puede] anular de oficio un acto final en materia de contratación pública.