Una línea de crédito no es una garantía: qué exige la CGR cuando la Administración pide respaldo

Una empresa presentó, ante el requerimiento expreso de rendir una garantía, una carta de su banco certificando que contaba con una línea de crédito activa por ¢495.000.000, con más de ¢421 millones disponibles y vigencia hasta marzo de 2028. En papel parecía más que suficiente para cubrir los montos exigidos. La Contraloría General de la República (CGR) determinó que ese documento no era lo que la Administración había pedido.

Este caso real ilustra un error que se repite: confundir la capacidad financiera de una empresa con el instrumento formal que la Administración exigió para respaldar el contrato. Este artículo explica en qué se diferencian y qué le corresponde acreditar a cada parte.

Marco normativo aplicable

Conviene distinguir dos figuras que a menudo se mezclan:

• La garantía de cumplimiento (artículos 44 de la LGCP y 110 del RLGCP) es exigible en todos los contratos derivados de licitación mayor y licitación menor, entre un 5% y un 10% del monto de la adjudicación. No es discrecional: si el pliego no la define, se entiende rendida por el 5%.
• La línea de crédito o garantía del artículo 101 del RLGCP es distinta: opera cuando, tras la indagatoria correspondiente, la Administración mantiene dudas sobre la razonabilidad del precio cotizado y este es el factor determinante para adjudicar. En ese supuesto puede adjudicar siempre que el oferente presente, de previo, una línea de crédito o garantía que asegure que cuenta con medios para cumplir sin que la Administración pague más que lo cotizado.

La confusión entre ambas —y entre el instrumento pedido y el aportado— es la que genera los conflictos.